GRAVE PROBLEMÁTICA DE INSEGURIDAD:
En los últimos años hasta nuestros días nos aquejan problemas serios de criminalidad, en que las autoridades correspondientes se han visto imposibilitadas de actuar con eficacia y han equivocado el camino de prevención y combate a la criminalidad. En no pocas ocasiones los medios de información, nos han enterado con lujo de detalles de crímenes ocurridos en diferentes latitudes, las mismas van acompañadas del reclamo social de por qué no se impone un “ya basta” a la delincuencia.
La respuesta ha sido la elevación de las penas a los delitos y la violación de derechos humanos y las garantías procesales a los imputados, no observándose que ello haya solucionado el problema, pues hay una problemática social por la que atravesamos que se remonta a décadas anteriores, no focalizándose a la fecha priorizar con eficiencia políticas sociales de inclusión, un nuevo esquema de combate a la criminalidad, prevención del delito, duración de los procesos penales, cárceles y otros lugares de detención que respeten la dignidad humana, profesionalización de las fuerzas de seguridad, seriedad en la política contra el narcotráfico, todo ello conforme nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que son la Ley Suprema de nuestra Nación.
En lugar de lo expuesto se han dispuesto distintas medidas modificando las leyes de forma y de fondo, que a mi criterio no van a mejorar la situación e incluso algunas son claramente inconstitucionales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
Siempre obviando por supuesto lo inmediato que seria al menos comenzar por prevenir, ósea el ciudadano o habitante necesita que el estado llegue antes de que lo maten, después al familiar subsistente que funcione o no el sistema judicial y se lo condene a 25, 40 o 45 años de prisión al imputado del hecho delictivo, no le servirá de mucho, pues su vida ya ha quedado destruida.
Nos dice el Ministro Zaffaroni en su obra junto a Alagia-Slokar ya en el año 2000 que los Tribunales de justicia penal dedicados a la aplicación de la norma de un modo automático, ciegos frente a la realidad social imperante y sin reaccionar frente al hecho palmario de que las personas seleccionadas que son llevadas a juicio son, en la gran mayoría de los casos, del mismo estrato social: pobres, desempleados, marginados, enfermos mentales, analfabetos, inmigrantes ilegales; que juzgan siempre los mismos delitos (la denominada “pequeña criminalidad urbana”), pese a que el catálogo de ilicitudes es amplísimo y que las afectaciones más graves a los bienes jurídicos valiosos en nuestra comunidad difícilmente llegan a ser juzgadas.
Hoy la realidad nos indica que la problemática la deben solucionar quienes tienen responsabilidades políticas, tanto quienes son gobierno como quienes no y de una vez por todas coordinar un plan o programa Nacional al cual las provincias adhieran. El Derecho Penal no es el mecanismo idóneo para solucionar la problemática de inseguridad reinante como se pretende hacer creer a la ciudadanía.
Dr. Marcelo Ángel Biondi
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